Por Franklin D. López

Periodista, Escritor, Empresario y Preso Político

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“Se le puede quitar todo a un ser humano menos una cosa; la última de todas las libertades- escoger dentro de su entorno libremente su propio camino” Dr. Victor Frankl,- Man in Search of Meaning

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El Dicionario de la Real Academia Española de la Lengua define la palabra respeto como; veneración, acatamiento, consideración que se hace a alguien.” La crisis de Puerto Rico no es sólo una crisis económica o material. Es una del espíritu y de los valores en la convivencia entre seres humanos en un marco democrático. La corrupción de la integridad y el carácter del ser humano lleva por un camino rápido al desprecio de los valores más esenciales en la sociedad especialmente al asesinato de la palabra respeto y todo lo que representa. LLeva a la violencia verbal, física y a denigrar a sus niveles más bajos la conducta en la interacción humana.

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La violencia de género, verbal, física, incluyendo evidentemente la sexual es algo que se ha perdido en Puerto Rico aceleradamente por sus factores sociales, económicos, políticos incluyendo, pero no limitado, a la penetración de medios de comunicación social entre ellos la televisión, el cine y el más reciente el Internet que abre un infinito menú para descarrilar y distorsionar lo que llamamos amor entre un hombre y una mujer o entre miembros de un mismo género. El significado de la palabra respeto incluye el respeto a la flora y a la fauna. El 13 de octubre del 2007 se dió a conocer la noticia del lanzamiento de 80 perros y gatos desde un alto puente en Vega Baja. ¡Todos murieron al caer al vacío! ¡Cuántas noticias hemos leido de caballos que fueron bañados con gasolina y quemados vivos, perros matados a balazos! Pero como todo en el coloniaje nos asombramos y privadamente expresamos nuestro rechazo pero permanecemos pasivos.

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El 16 de junio del 2011 el Congresista demócrata de Nueva York, Anthony D. Weiner renunció a cargo congresional, presionado por la opinión pública y la prensa por intercambiar fotos personales desnudo y en ropa interior con mujeres a través de su teléfono y el Internet. El Congresista que aspiraba a ser Alcalde de Nueva York y con un futuro político extraordinario se estrelló por lo que muchos llamaron una conducta inmoral y ausente del respeto que su esposa y su hijo merecian.

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El 23 de febrero del 2012, el entonces candidato a la alcaldía de San Juan y representante del Partido Popular Héctor Ferrer fue arrestado por violencia doméstica “por ocasionar daños a la residencia y proferirle palabras soeces a su esposa en presencia de sus hijos menores.” Preocupada por su seguridad la esposa tuvo que abandonar junto a sus hijos la residencia ubicada en la Urbanización El Dorado en el sector de Cupey de San Juan. El caso sólo tuvo la consecuencia del arresto y breve difusión en los medios noticiosos y archivado en la gaveta del olvido.

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El 7 de abril del 2016 se conoció el “retiro” del Juez José A. Fusté según la declaración oficial. ¡Pero no fué ni renuncia ni retiro! Fue un despido sumario e inmediato que ni siquiera le dieron el espacio para que se hiciera formal y firme el 1 de junio de ese año. Tanto la Juez Presidente Aida Delgado como el Juez presidente del Primer Circuito, Jeffrey Howard, dónde se refirió la querella, actuaron con diligencia ante la gravedad de la conducta impropia, ilegal y criminal de un magistrado Federal. La conducta inmoral de acoso y de violencia sexual del Juez Fusté, por décadas, era un secreto a voces en el Distrito Federal de Justicia del territorio. El juez ,según El Nuevo Dia “se le conocía por decir lo que sentía y no toleraba las “injusticias.” Fusté se retiró con una pensión de aproximadamente $200-mil dólares anuales y no fue encausado civil ni criminalmente. La razón por lo que no se hizo fue porque su encauzamiento daba a todos los procesados en su sala  el derecho a re-abrir sus casos que atendió en su carrera de 30 años, creando un caos en el Tribunal de Distrito Federal.

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El pasado jueves, 2 de marzo del 2017, día en que se conmemoramba el centenario del otorgamiento de la ciudadanía Americana, los medios informaron de un acuerdo entre el Alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, una mujer policía y su compañero, dónde desembolsó $300 mil y $100-mil dólares respectivamente por acoso y agresión sexual y persecución. El Alcalde usó su posición, su poder y los recursos para “persuadir” e “inducir”, dándole aumentos y ascensos en el cuerpo policiaco para sostener una relación sexual. Todo este esquema de conducta no solamente viola la dignidad de un ser humano si no que viola leyes específicas de corrupción, mal uso de fondos públicos y violenta la esencia al respeto que debe prevalecer en el desempeño de cualquier cargo público.

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Este caso del Alcalde O’Neill no es el primero. Su hijo tambien fue acusado de la misma conducta. Y múltiples alcaldes, de ambos partidos, han sido procesados y acusados por acciones similares. Pero lo que es no sólo preocupante y alarmante es la postura de las agencias gubernamentales que atienden este tipo de violaciones. En el caso de O’Neill no sólo hay conducta impropia de ausencia total de respeto a una mujer y su compañero. Aqui hay actos de corrupción en el uso del poder por darle aumentos de sueldos, ascensos a una mujer policía a cambio de una relación sexual. Además está la interrogante ¿de dónde salierons los $ 400-mil dólares que se desembolsaron a las víctimas?

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Muchas veces el encubrir causa más daños a una sociedad democrática que el propio delito. Los hemos visto en muchos casos notorios comenzando con el de Watergate. La conducta de la Secretaria de Justicia; la Procuradora de la Mujer, la Oficina de Etica Gubernamental y la Contralora, agencias dirgidas por cuatro mujeres, son altamente cuestionables, preocupantes e insostenibles. Ampararse en un tecnicismo no es el camino para ganarse la confianza del Pueblo en sus institutciones judiciales y de ley y orden.

El pueblo a perdido su confianza en los políticos, los partidos, las instituciones gubernamentales y la propia justicia precisamente por conductas como la de pasar la escoba y esconder el sucio debajo de la alfombra. Increiblemente el Gobernador Ricardo Rosselló mencionó en su discurso sobre el estado del territorio el gran número de nombramientos de mujeres en el gobierno. Si se quiere reconstruir la confianza del Pueblo con su gobierno es inaceptable la conducta de darle protección a una figura pública e investirla con poderes de estar por encima de la ley y otorgarle total impunidad. La pasividad y el tecnicismo no deben formar parte del entorno de este terrible caso de violación a la dignidad del ser humano.

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La legislatura debe aprobar una ley que establezca claramente y con gran precisión que todo funcionario público, electo o designado, que cometa un delito de acoso, agresión sexual y corrupción pague de su propio bolsillo los daños personales cometidos a sus víctimas y no de fondos públicos. Esto sería un gran paso para erradicar estas aberraciones de la conducta de funcionarios públicos para que así el Pueblo vuelva confiar en su gobierno. El ser humano no debe preguntarse primero cuál es el significado a la vida. Debe preguntarse que ha hecho para darle significado a la vida. Debe preguntarse que ha hecho para evitar y erradicar los abusos, las injusticias, el asesinato de la tranquilidad espiritual, emocional y física. ¡El Pueblo espera!

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