“¡Los caminos más difíciles, llenos de formidables retos, son aquellos que nos llevan a nuevos destinos y a un mejor futuro!”

Por Franklin D. López

Periodista, Escritor, Empresario y Preso Político

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Cuando se asume un cargo electivo el funcionario público, sea gobernador, alcalde o legislador, se compromete bajo juramento público a defender la constitución de Estados Unidos, la del territorio y hacer cumplir sus respectivas leyes. El gobierno saliente del Partido Popular puso en marcha un plan de encubrir la profundidad del colapso financiero del territorio desde que el PNP ganó las elecciones. Las vistas del Comité de Transición han proyectado más allá de la duda razonable la mala fé y perversidad anti-patriótica de funcionarios que por los últimos 4 años administraron con total impunidad las responsabilidades de sus cargos, violando crasamente la ley.

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“Esa información no la tenemos”, fue una de las frases más utilizadas , de funcionarios salientes, al responder las incisivas preguntas del equipo de Transición del nuevo gobierno lidereado por el Lcdo. Elías Sánchez.

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La primera bandera roja del plan para transferir un caos bien organizado al nuevo gobierno fueron la conducta irresponsable del Gobernador García Padilla a los requerimientos del Senador Orrin Hatch, Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado Federal. En dichas comunicaciones, Hatch exigió la entrega de los estados financieros auditados. El gobernador saliente tardó meses en entregar el estado financiero del 2013 y dejó en el tintero los del 2014 y 2015.

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Sobre dicho estado financiero del 2013 el Centro para una Nueva Economía (CNE) define cuatro componentes básicos. Estos son los siguientes:

(1) los estados financieros correspondientes a las actividades gubernamentales (Government-wide Financial Statements);
(2) los estados financieros de los fondos del gobierno (Fund Financial Statements);
(3) los estados financieros de los fondos fiduciarios (Fidiciary Fund Financial Statements) y
(4) las notas a los estados financieros.

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En su análisis del estado financiero del 2013 el CNE expresó lo siguiente: “El Estado de Situación de las operaciones primarias del gobierno central de Puerto Rico (excluyendo las operaciones de tipo comercial) nos dice que al 30 de junio de 2013, éste tenía activos de $14,439 millones y obligaciones de $61,756 millones, lo que resulta, después de algunos ajustes, en un patrimonio neto de negativo de $47,212 millones. Esto representa un aumento en el déficit acumulado de $5,382 millones, o un 13%, en relación con el déficit de $41,830 millones reportado año anterior.” Todavía faltan los estados financieros de los años fiscal 2014 y 2015. Aún hoy no sa sabe cuán profunda es la crisis y la insolvencia del gobierno. Es evidente que el gobierno PPD operó en este cuatrienio como una empresa criminal continua fabricando estados financieros y proyecciones fatulas y representaciones falsas ante Wall Street.

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El período después de las elecciones ha sido uno en dónde ha aflorado alguna información que presagía que el desfalco, pillaje, información fraudulenta y una conducta conspiratorial de los jefes de agencias del gobierno saliente, en encubrir que la condición de quiebra e insolvencia, es mayor de lo que se ha reportado públicamente. Trascendía el plan siniestro de ofrecer información falsa y conflictiva cuando al contester preguntas del Lcdo. Elías Sánchez se expresó que el deficit proyectado en el año fiscal que cerró el 30 de junio del 2016 era de $mil-500 millones. En la vista siguiente el deficit fue informado por el gobierno saliente en $ 3-mil millones y la última cifra ofrecida va por los $ 6-mil milllones. Ante todo esto, la prensa calla, encubre y conspira junto al gobierno colonial saliente confirmando su rol de décadas de acólitos del colonialismo.

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La conducta criminal de García Padilla de retar a la Junta Fiscal Federal al negarse a responder al requerimiento de presentar un nuevo Plan de 10 años, ya que el que presentó estaba construido sobre generalidades, es totalmente inaceptable.

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Ann Krueger, la economista contratada por el Gobierno del ELA hizo expresiones “colgando” el Plan de Ajuste Fiscal de Garcia Padilla. Krueger dijo “Atrasar pagos a suplidores o reintegros, ni más préstamos son medidas de austeridad. Cuando fui contratada por el BGF mi equipo concluyó tres necesidades: restaurar el crecimiento económico eliminando cualquier impedimento para hacer negocios, balancear el presupuesto y la reestructuración de la deuda. Sin crecimiento, la reestructuración de la deuda simplemente comprará tiempo”, advirtió la experta. Agregó que “en la reestructuración del gobierno no queda claro dónde queda el BGF, y aunque los gastos del gobierno se redujeron, también se debe recordar que la población decreció 10%”. Krueger énfatiza por primera vez el efecto catastrófico sobre la economía del éxodo poblacional asunto ignorado por los políticos en las elecciones pasadas. Esta conducta tanto del Gobernador como la de sus jefes de agencias ante la Junta Fiscal Federal y ante el Comité de Transición están dentro del ámbito criminal para aplicarle la Ley Federal de Racket (RICO).

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Estuve en Washington, D.C. la semana pasada y visité la Comisión Federal de Valores. La División de Aplicar sus Leyes y Reglamentos trabaja afanosamente en investigaciones profundas de emisiones de bonos hechas por el Gobierno de García Padilla y otras del anterior gobierno fundamentadas en proyecciones falsas y estados inflados. En dicha investigación se están mirando el rol de uno de los bancos de Puerto Rico y uno de los principales bufetes de Hato Rey que emitió la opinión certificando que la transacción cumplia con las leyes y reglamentos Federales. Cuando se hizo la emisión de los $3.5 billones de Marzo del 2014 ya el gobierno tenía preparado planes y habia contratos especialistas en quiebra. En otras palabras el gobierno vendía una emisión que no iba a pagar y mientras lo hacía contrataba expertos para la quiebra. Eso es un delito criminal.

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Aquí los medios hablan de una deuda de $70-mil milllones cuando en realidad hay un deficit estructural en los planes de Retiros de empleados públicos y maestros de más de $ 39-mil millones más. Esto suma una deuda pública de $109-mil millones. Los primeros vientos huracanados comenzarán a sentirse en Febrero del 2017. Es evidente que las pensiones de 120,000 ciudadanos se afectarán a menos que Washington implante un plan de rescate. Asi que preparanse.

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El nuevo Gobierno tiene que asegurarse de establecer como política pública los siguientes cimientos para ganar la confianza del Pueblo:

  • Total transparencia y honestidad de lo que encuentren en el estado de las finanzas y transmitirselo con claridad y sencillez. Esto sera un antidoto frente a la campaña que grupos, unions de izquierda y la mayoría de la prensa comenzarán a intensificar desde el momentos después de la juramentación. Es posible que el Gobierno tenga que ir a todos los pueblos y comunidades e informarle cara a cara ante lo que encontró, sus planes y pedirle el grado máximo de solidaridad frente a los que vienen a organizar un caos para perseguir políticas separatistas. Si no lo hace la prensa y los grupos de izquierda y uniones se encargarán de achacarle cuánto situaci´øn adversa se genere por la crisis después del 2 de enero del 2017.
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  • Hacer los referidos a los departamentos de Justicia Federal y territorial y al FBI según la jurisdiccion de cada caso sin que le tiemble las manos al nuevo Gobernador y a sus funcionarios. La forma eficaz como actuo el Gobernador electo con el caso del Alcalde de Gurabo contrasta con la del Gobierno saliente y el PPD y el caso Perelló.
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  • LLevar un mensaje atrevido, sólido y apoyado con la fuerza de la Igualdad a Washington de que los ciudadanos Americanos residentes del territorio necesitan su ayuda financiera para poder encaminar un plan realista para Puerto Rico que lo lleve hacia un nuevo renacer. Si los Estados Unidos apoyaron dos veces a Tunisia y ayudaron a Grecia con sus respectivas crisis el olvidar y abandonar a Puerto Rico es un acto discriminatorio y segregacionista por nuestra condición colonial. Es inaceptable las declaraciones del Senador Orrin Hatch en cuánto a la estadidad ya que la sección 402 de la Ley de PROMESA claramente expresa que “nada en esta ley impide el derecho a la determinación del estatus político del pueblo” y el es uno de 535 Congresistas y Senadores. De igual forma las expresiones de Ana Matosantos de que no se puede contar con fondos Federales para atender la crisis son segregacionistas, discriminatorias e inaceptables.
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  • Puerto Rico se continuará vaciando poblacionalmente a menos que se celebre el plebiscito Federal con fórmulas descolonizadoras según expresado por la embajadora Samantha Powers ante la Cuarta Comisión que son la estadidad, independencia y la libre asociación. En la medida plebiscitaria hay que incluir en su parte dispositiva, una vez triunfe la estadidad, la implantación del Plan Tenesí y la transición de diez año que vaya de la mano con el plan de recuperación fiscal.
  • Por último, el nuevo gobierno tiene que proyectar decisión en restructurar el gobierno, reinventarlo, reducirlo, hacerlo más eficaz teniendo encuenta la prioridad de proteger y ayudar a los más frágiles y menos afortunados. En este plan debe dársele prioridad al desarrollo de programas para liberar de las cadenas del mantengo a los pobres e integrarlos a la población productiva de Puerto Rico.
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Como he escrito en docenas de comentarios vivimos momentos y tiempos definitorios. Pero este es nuestro momento. Hay que ganarse la confianza de nuestro Pueblo. Múltiples encuestas recientes claramente dice que el apoyo a la Igualdad está entre el 58% y el 66%. La única forma de que los que se han ido regresen es si convertimos a Puerto Rico en estado de la Unión. Ese es el único camino para como el ave Fenix levantarnos de las cenizas en dónde nos ha dejado el ‘estado libre asociado.’ La lucha en las elecciones fué una batalla. La guerra por la Igualdad comenzó el día después de las elecciones. Hay que echar a un lado todo aquellos que nos desune. ¡La fuerza está en la Unión! ¡Es ahora o nunca!

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