Nota: Ese comentario se distribuyó, ayer  en Inglés en el Congreso, Senado Federal, y la Casa Blanca.

Por Franklin D. López

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“La primera víctima de los políticos no es el Pueblo, es la verdad.” FDL

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El Congreso de Estados Unidos se prepara para hacer público en el mes de Junio la nueva versión de la legislación para atender la crisis de la deuda pública de Puerto Rico, existiendo un consenso inequívoco entre Republicanos y Demócratas, de que la entidad tenga poderes extraordinarios para ir por encima de la legislatura y el gobernador colonial. Evidentemente hay asuntos que cada lado trata de incluir para mejorar los primeros borradores, que parecian más una demanda de cobro, que una medida para atender tan compleja situación. Encuentro muy curioso en las formas “misteriosas” como funciona Washington, luego de leer la expresiones hechas por la Juez Asociada Sonia Sotomayor en que le advierte a los Puertorriqueños “a estar preparados para múltiples años de Junta Fiscal Federal.” Presumo que alguien de el Congreso o la Casa Blanca le brindó información sobre la legislación en curso.

La inmensa mayoría de los Puertorriqueños que peregrinaron al Capitolio Nacional fueron armados de listas de demandas y recomendaciones con el objetivo de contribuir en la formulación de una legislación con sentido y lógica. Pero, fueron pocos los ciudadanos cabilderos que le presentaron a los miembros del Congreso y a sus ayudantes las realidades presentes del eco sistema social, económico y político del territorio. No le han defindo el nivel de gravedad de la situación de Puerto Rico y el deterioro acelerado de un colapso económico.

Este comentario está escrito para proveer información verificable de las dinámicas del dia a dia del Pueblo y de los funcionarios electos que todavía viven en Puerto Rico. Además de atender el asunto de la reestructuración de la deuda pública el Congreso tiene que lidiar con las realidades presentes que han creado la tormenta perfecta para desmembrar a la familia Puertorriqueña. Estos son los retos que la Junta Fiscal Federal que está pronto a ser creada encontrará en el territorio:

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1- En los últimos dos años natuales, 2015 y 2015, más de 240-mil ciudadanos Americanos de Puerto Rico se han marchado del archipiélago a los Estados Unidos, mayormente en la Florida, Texas, Carolina del Norte, Georgia y Virginia. Este masivo éxodo poblacional es el más numeroso de la historia de Puerto Rico costándole a su economía  $4.6 billones de dólares menos. Si el Congreso desea verificar los resultados de múltiples encuestas realizadas en la Isla que revelaron que el 92% de sus residentes se mudarian a los Estados Unidos si Puerto Rico se convierte en una nación independiente o en una república asociada (libre asociación). Lo único que tiene que hacer es contactar a Gallup en Princeton, Nueva Jersey.

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2-Según se intensifica el éxodo poblacional el gobierno territorial responde con su política pública de resolver deficits y agujeros presupuestarios con más impuestos. De acuerdo al periódico The New York Times Puerto Rico tiene el impuesto de consumo más alto en todos los Estados Unidos y el costo de vida más alto. Además tiene como agravante el ingreso per capital más bajo de todos los estados de la Unión, $ 19,200.00. Por otra parte tiene tambien el segundo costo de energía más alto de toda la Nación y el costo de agua potable más cara. Todo esto hace imposible la atracción de inversiones y promoción del desarrollo económico.

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3- La Junta FIscal Federal encontrará que todas las administraciones gubernamentales desde el 1973 han estado plagadas de corrupción rampante y en dónde los “pejes” grandes gozan de total impunidad mientras que a las sardinas las encarcelan. Esto le ha costado a los contribuyentes de Puerto Rico más de $ 27-mil millones en mlagastos y actos de corrupción en los últimos 41 años. Una de las prioridades de la Junta Fiscal Federal es asignarle al Departamento de Justicia Federal los recursos humanos y económicos para procesar a los responsables verdaderos de esta crisis. Esto incluye a gobernadores, alcaldes, legisladores y sus acólitos que entraron al servicio público con modestos recursos y salieron y viven como multi-millonarios. Si la Junta Fiscal no procede contra los responsables entonces el Pueblo perderá la poca confianza que tiene con el gobierno local.

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4- Las industrias de construcción y de financiamiento hipotecario están literalmente inexistentes. De acuerdo al Censo Federal del 2010 habian en Puerto Rico entonces 262,000 viviendas vacias. La crisis ha disparado dramaticamente las ejecuciones de viviendas. En el 2015 una 4,200 viviendas fueron ejecutadas y habian unas 20,000 con 90 dias o más en atrasos en sus pagos hipotecarios. Por otro lado existe una deflación sin precedentes en los valores de los bienes raíces, especialemente en las viviendas, que son la cuenta de ahorros por excelencia de la familia Puertoriqueña. Existe un consenso de que los bienes raíces han perdido en Puerto Rico un promedio del 50% de su valor.

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5-La Junta Fiscal Federal encontrará una sub-cultura de oficiales electos que han hecho el asunto del estatus el instrumento idóneo para alcanzar posiciones de poder y enriquecerse, convirtiéndole en un instrumento de negocio personal. Los políticos de los tres partidos usan sus respectivas ideologías para alcanzar posiciones en la administración del territorio y una vez lo logran esconden su causa en una oscura, abandonada y olvidada gaveta, hasta que la necesitan de nuevo. Esta sub-cultura ha creado una de las burocracias per capita más grande desde que la Unión Soviética creó la suya. Este gigantismo gubernamental es responsable de los atrasos en aprobar proyectos y desarrollos y ha evitado que inversionistas consideren a la Isla como lugar para hacer negocios.

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6- El Departamento de Educación es el más efectivo y perfecto caos, y es la agencia que no funciona en todo el gobierno territorial. Con un presupuesto de billones se ha convertido en un centro de corrupción y malgasto gubernamental. Ha fracasado en elevar los niveles y la calidad de la educación causando el cierre de cientos de escuelas y la pérdida de decenas de miles de estudiantes. Esto se traducirá en menos recursos Federales para un Departamento en quiebra intelectual y administrativa. La situación empeorará aún más.

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7- El Departamento de Salud es otra agencia con altos niveles de corrupción, malgasto gubernamental y ineficiencia. El Gobierno territorial ha expandido el programa Mi Salud y en los últimos dos años ha utilizado una asiganción para cinco años del programa Obama Care. Actualmente dicho programa está al borde del colapso e insolvente.

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8-La Asamblea Legislativa es una guarida de corrupto, extorsionistas y políticos corruptos envueltas en escándalos y en donde la mayoría de los casos se amapuchan por razones diversas. Ambas cámara legislativas le cuestan a los contribuyentes de Puerto Rico alrededor de $50 millones al año, sin incluir el costo del impacto de sus actos de corrupción. El Departamento de Justicia Federal debe recibir más ayuda de recursos humanos y económicos para hacer una limpieza abarcadora y erradicar la corrupción. Esto tambien debe hacerse en la ramaja ejecutiva como en  todos los municipios de Puerto Rico.

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9-El Gobernador de Puerto Rico vive en un castillo y la operación de sus oficinas le cuesta a los contribuyentes más de $30 millones al año. La comitiva de transporación del Gobernador se compone de tres vehículo SUVs y dos motoras policiacas. Esto no incluye la comitiva de la primera dama y personal de La Fortaleza. Los ex-gobernadores de Puerto Rico reciben escoltas de seguridad por vida que le cuestan al erario público más de $ 3.6 millones al año sin existir ninguna amenaza real a su seguridad desde 1953.

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10- El Banco Gubernamental de Fomento es una Organización Criminal Continua que cualifica para ser desmantelada bajo el Ley Federal RICO por promover, mercadear y vender bonos utilizando proyecciones infladas de ingresos de contribuciones, falsos estados financieros con números cocinados. Tan reciente como este pasado viernes, Eduardo Bhatia, Presidente del Senado, catalogó como “fracaso” al equipo financiero del Gobierno y le acusó de falta de honestidad en el ejercicio de sus funciones. Puerto Rico entra el 1 de julio de 2016 en su tercer año sis estados financieros auditados.

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11-Puerto Rico tiene 172,000 pensionados en los sistemas de retiros del gobierno central y maestros. Sus fondos de pensiones fueron arrazados por gobernadores de pasadas y presente administraciones a partir del 1973 y con un deficit actuarial calculado por el Senador Orrin Hatch, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado Federal en $44-mil millones de dólares. Si no se incluye un plan para proteger las pensiones de los retirados del gobierno y maestros esto abundará para crear un caos económico, con una débil plataforma bancaria. Los pensionados no deben ser castigados por la corrupción y los errores de pasados gobernadores. El Congreso debe adoptar algún plan creativo usando a ERISA en una forma nobel para evitar que esto ocurra y que los fondos queden insolventes. Los responsables deben ser procesados por la Justicia Federal.

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Finalmente, el Congreso debe tener meridiamente claro que tiene que proveerle a la Junta FIscal Federal poderes para encaminar una solución al estatus utilizando los $ 2.5 millones que se asignaron en el presupuesto Nacional del 2014. Este presupuesto claramente delinó, como expresó el Congresista Puertorriqueño Jose Serrano una asiganción que según el record legislativo del Congreso es “para celebrar un plebiscito para resolver el problema del estatus.” Esta asignación fue aprobada bipartitamente con los votos de los Republicanos y Demócratas. La legislación que crea la Junta Fiscal Federal no debe limitarse a ser un pliego de cobro para pagar la deuda. Tiene que incluir un claro proceso de libre determinación para que el mundo sepa que Washington está comprometido en resolver el destino de los 3.5 millones de ciudadanos Americanos residentes en el territorio.

Además, una vez se encamine el proceso de reestructuración de la deuda, la legislación debe tener fases que puedan darle a Puerto Rico los recursos económicos para fortalecer su débil infraestructura utilizando el modelo de legislación creado por los Congresistas Jack Kemp (R-NY) y Roberto García (D-NY) que creo Zonas Empresariales Federales para promover la creación de empleos y actividad económica. De esta forma se prepara al territorio para llevarlo entonces a un plebiscito Federal y escoger democraticamente sus destino final.

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Si no se incluyen estas emblemáticas fases en la medida llamada PROMESA el esfuerzo fracasará de inmediato, se deteriorará aún más la moribunda economía, el éxodo poblacional se disparará aún más y la Isla se convertirá en una fantasma. La única forma que los Puertorriqueños regresarian a la Isla es si se resuelve el estatus. Ha llegado el momento de hacer lo que es correcto. ¡Hay que hacerlo ahora!

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